El culebrón de las antenas de telefonía móvil en el municipio sigue su curso. El último episodio es que el caso ha llegado a la Audiencia Provincial de Madrid. La historia comenzó por las denuncias de algunos vecinos residentes en lo que se denominó el "triángulo de la muerte", especialmente por Antonio Gómez, quien, alertado por los problemas de salud y la elevada de incidencia de casos de cáncer en esta zona del barrio de Iviasa, decidió emprender distintas acciones.
Con pocos apoyos, ya que otros vecinos sin problemas querían seguir obteniendo los beneficios económicos que suponía tener alojada una de estas antenas en la azotea de su bloque, decidió emprender una cruzada contra las principales operadoras de telefonía móvil del país.
A su causa se sumaron pronto otros vecinos de la zona del hospital, quienes además reclamaban que el Ayuntamiento aprobara una ordenanza para que estos elementos se instalaran fuera del casco urbano. Guante que el Consistorio recogió. En la causa judicial que se inició hace tres años en el Juzgado número 1 de Móstoles los representantes de las operadoras se acogían al deseo de muchas comunidades de aumentar sus beneficios económicos permitiendo esas antenas. Mientras, los denunciantes los reclamaban diferentes estudios que dejaran claro la relación de esos elementos con los problemas de salud de los ciudadanos, algo que los magistrados denegaron. Ahora el caso llega a una instancia superior. El resultado puede que sea favorable a los afectados pero hay muchos intereses en juego. Es la eterna lucha. David contra Goliat.
Con pocos apoyos, ya que otros vecinos sin problemas querían seguir obteniendo los beneficios económicos que suponía tener alojada una de estas antenas en la azotea de su bloque, decidió emprender una cruzada contra las principales operadoras de telefonía móvil del país.
A su causa se sumaron pronto otros vecinos de la zona del hospital, quienes además reclamaban que el Ayuntamiento aprobara una ordenanza para que estos elementos se instalaran fuera del casco urbano. Guante que el Consistorio recogió. En la causa judicial que se inició hace tres años en el Juzgado número 1 de Móstoles los representantes de las operadoras se acogían al deseo de muchas comunidades de aumentar sus beneficios económicos permitiendo esas antenas. Mientras, los denunciantes los reclamaban diferentes estudios que dejaran claro la relación de esos elementos con los problemas de salud de los ciudadanos, algo que los magistrados denegaron. Ahora el caso llega a una instancia superior. El resultado puede que sea favorable a los afectados pero hay muchos intereses en juego. Es la eterna lucha. David contra Goliat.
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